El Consejo Andaluz de Enfermería advierte de que la nueva norma, que elimina la ratio mínima de 0,04 enfermeras por residente (equivalente a una por cada 25), puede afectar a la calidad y la seguridad de la atención, y estudiará la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo.
3 de agosto de 2026.
El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) muestra su preocupación ante la nueva Orden de 21 de julio de 2026 (disponible en el SIGUIENTE ENLACE), que regula los requisitos materiales, funcionales y de calidad de los centros y servicios para la atención de personas mayores en Andalucía, al considerar que no garantiza una presencia mínima de enfermeras en las residencias.
La norma, publicada el pasado 27 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), entrará en vigor el próximo 16 de agosto y confirma, en términos sustanciales, el planteamiento sobre el que el CAE ya alertó en 2025, cuando todavía se encontraba en fase de proyecto.
En concreto, la Orden elimina la ratio mínima específica de profesionales de Enfermería, fijada anteriormente en 0,04 enfermeras por residente (es decir, una enfermera por cada 25 residentes), y diluye a estas profesionales dentro de una categoría mucho más amplia de personal de atención directa de segundo nivel (AD2N).
Esta categoría asume funciones como la programación, coordinación, evaluación y seguimiento de la atención prestada a las personas mayores, la gestión de casos y la interlocución con el sistema sanitario público. Sin embargo, la Orden permite que estos puestos sean ocupados tanto por personas con titulación universitaria como por quienes dispongan de ciclos formativos de grado superior, certificados profesionales o especialidades formativas de determinados niveles de cualificación.
La normativa únicamente establece que el 50 % del personal AD2N deberá contar con una titulación universitaria o una especialidad formativa de nivel 4, pero no menciona expresamente a las enfermeras entre los perfiles que deben integrar esta categoría ni garantiza que las funciones sanitarias, de coordinación y de gestión de casos sean asumidas por estas profesionales, de acuerdo con su formación y competencias.
Además, aunque la cartera de servicios obliga a los centros a garantizar cuidados de Enfermería (como la preparación y administración de medicamentos, las curas o los sondajes), el Consejo Andaluz de Enfermería considera especialmente preocupante que no se determine una dotación mínima de enfermeras que garantice una disponibilidad profesional suficiente para prestarlos.
Una cuestión de salud y seguridad
Para la organización colegial andaluza, esta regulación no constituye únicamente un problema profesional, sino que puede tener consecuencias directas sobre la salud, la seguridad y la calidad de vida de las personas mayores.
Las residencias atienden a una población caracterizada por elevados niveles de dependencia física y cognitiva, pluripatologías, enfermedades crónicas, polimedicación y necesidades asistenciales cada vez más complejas. En este contexto, la presencia de enfermeras resulta imprescindible para realizar un seguimiento continuado, detectar precozmente posibles complicaciones, administrar los tratamientos con seguridad y coordinar la atención con otros profesionales y servicios sanitarios.
“Las personas mayores que viven en residencias tienen derecho a recibir cuidados profesionales, seguros y adaptados a sus necesidades. No podemos aceptar que una regulación que pretende mejorar la calidad de estos centros no garantice expresamente una dotación mínima de enfermeras”, sostiene la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García.
El CAE advierte también de que la Orden dispone que la atención sanitaria a las personas residentes se prestará desde los dispositivos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, contando con la colaboración de los profesionales sanitarios que puedan trabajar en las propias residencias.
A juicio de la organización colegial, la desaparición de una ratio enfermera específica puede reducir la capacidad asistencial de los centros y trasladar al sistema sanitario público una demanda difícilmente asumible, incrementando aún más la presión sobre una Atención Primaria que ya soporta una elevada carga de trabajo.
Advertencias desatendidas
En agosto de 2025, el CAE trasladó formalmente a la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad su preocupación por el proyecto normativo y solicitó la revisión urgente de sus disposiciones, así como el mantenimiento o la mejora de la ratio mínima de enfermeras en los centros residenciales.
La organización colegial lamenta que el texto definitivo no haya atendido estas consideraciones y rechaza que puedan primar criterios económicos sobre la calidad asistencial y la protección de un colectivo especialmente vulnerable.
“Esta Orden era una oportunidad para adaptar la atención en residencias a las necesidades generadas por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la creciente complejidad de los cuidados. Sin embargo, se ha aprobado una regulación que no garantiza la presencia mínima de las profesionales capacitadas para prestar esos cuidados”, añade García.
Posible recurso contencioso-administrativo
El Consejo Andaluz de Enfermería ha encargado un informe técnico para analizar en profundidad las consecuencias de la nueva regulación. Una vez conocido su contenido, el Pleno de presidentes de los ocho colegios provinciales valorará encargar a su Asesoría Jurídica el estudio de la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo.
El CAE actuará con responsabilidad y rigor, pero también con firmeza en la defensa de la profesión enfermera y, especialmente, del derecho de las personas mayores a recibir una atención sanitaria digna, segura y de calidad.
